Los medios de comunicación rosarinos relataban el lunes 24 de febrero de 2009 la muerte, durante ese fin de semana en el Hospital Provincial, de dos mujeres por causas de abortos realizados en condiciones inseguras. Pasados casi dos años vuelven a los titulares, noticias que evidencian una realidad que sigue siendo injusta y dolorosa: mujeres que ante la desesperación de un embarazo no deseado, y sin recursos económicos, recurren a métodos que ponen en riesgo su vida. Mujeres pobres que quedan expuestas a una legislación retrógrada, que las penaliza porque aún no pueden ejercer un derecho que deberían tener por el sólo hecho de ser personas, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Nuestro país, en 1994, incorporó al plexo de la Constitución Nacional la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW ) . El comité monitor de ese organismo en febrero de 1999, en su vigésima sesión, expresó en su artículo 14: “El acceso de la mujer a una adecuada atención médica tropieza también con otros obstáculos, como las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las que se someten a dichas intervenciones”. Asimismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, en su 6to informe periódico de la Argentina, en Julio de 2010, concluyó como una de sus principales preocupaciones la situación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el país e instó al Estado Argentino a que revise la legislación vigente que tipifica como delito el aborto, con graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres. Por su parte, el Informe de Human Rights Watch “Derecho o ficción” de Agosto de 2010, recomienda al Congreso Nacional “Derogar las disposiciones del Código Penal que penalizan el aborto, especialmente aquellas que sancionan a mujeres y niñas que se han sometido a esa práctica .” En 2010 casi 1600 mujeres de todo el país presentaron Habeas Corpus solicitando al Poder Judicial declare inconstitucional la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo e inste al Poder Legislativo Nacional a adecuar la normativa vigente que criminaliza las prácticas de aborto voluntario con el plexo normativo internacional y los derechos consagrados constitucionalmente que emanan de aquel. Hay elementos contundentes. Las cifras del Ministerio de Salud de la Nación de 2007 dicen que se producen en nuestro país alrededor de 500 mil abortos clandestinos por año, fallecen anualmente100 mujeres a causa de esta práctica en condiciones inseguras siendo las que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, quienes mayoritariamente mueren o sufren consecuencias graves de salud .Las mujeres no dejan de abortar porque una ley se los prohíba. La clandestinidad de esta práctica produce altos ingresos para quienes las llevan adelante, a costa de la salud de las víctimas.
Es hora que el Estado , en sus diferentes niveles, se haga cargo de esta situación y proceda , entre otras iniciativas, a la aplicación efectiva en las escuelas de la ley 10.947 de Educación Sexual Integrada aprobada en nuestra provincia en 1992, a garantizar la información y acceso gratuito de todos los métodos anticonceptivos incluyendo pastilla conocida como “del día después” y anticoncepción quirúrgica, a debatir y aprobar en el Congreso de la Nación el proyecto sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, que despenaliza y legaliza esta práctica y que al día de hoy cuenta con la firma de más 50 diputados y diputadas de distintas expresiones políticas.
Por la vida y la libertad de las mujeres ABORTOS CLANDESTINOS, NUNCA MAS!
Gabriela Sosa
Movimiento Proyecto Sur - Coordinadora del Colectivo de Mujeres Las Juanas
